Mina de cobre más grande de Perú se mantiene bloqueada a la espera de conversaciones de manifestantes con el Gobierno

El líder de una comunidad rural de Perú que protesta contra la mina de cobre Antamina dijo que no levantará el bloqueo de una carretera usada para el transporte del metal antes de entablar conversaciones con el Gobierno o la empresa, que se ha visto obligada a suspender sus operaciones.

"No vamos a dialogar si nos condicionan a algo", dijo Adán Damián, presidente de la comunidad de Aquia, situado a unos 60 kilómetros de Antamina, por la que pasa una carretera clave y un mineroducto desde la mina de cobre, la más grande de Perú.

"El ministro (de Energía y Minas) nos dijo que levantemos la huelga, y la gente ha pegado un grito en el cielo", afirmó a Reuters por videollamada el martes.

Antamina, controlada por Glencore y BHP, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero criticó un "grupo minoritario" por presuntamente utilizar la violencia para imponer sus demandas. Damián dijo que no se han involucrado en actos de violencia.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, consideró que los actos de violencia y la conflictividad social en contra de proyectos mineros como Antamina o la minera aurífera Apumayo en Ayacucho -que llegó a la quema de sus instalaciones- están afectando las percepción del país para el arribo de futuras inversiones, que generen empleo y paguen impuestos.

"Está afectando la percepción del país en cuanto a inversiones futuras. No se justifica en ningún caso la violencia. Obviamente no es la mejor noticia para las empresas mineras", dijo en declaraciones a la prensa tras su juramentación para ocupar el máximo cargo en el BCR por 5 años más.

A reglón seguido, comentó que todavía es muy pronto para analizar las consecuencias para el país.

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Perú, el segundo productor mundial de cobre, ha sido testigo de una serie de protestas contra el sector minero desde que el presidente izquierdista Pedro Castillo asumió el cargo en julio, asustando a las empresas que pidieron esta semana más acciones gubernamentales.

Los bloqueos de carreteras han afectado a la minera de cobre Las Bambas de MMG, al yacimiento Antappacay de Glencore y la mina Constancia de Hudbay Mineral.

En las últimas semanas, el gobierno de Perú ha negociado con comunidades cercanas a esas minas mientras mantenían bloqueos, levantándolos solo al final de la negociación.

El dirigente Damián manifestó que el problema principal en Aquia es que Antamina construyó una carretera y un oleoducto que atraviesa la comunidad hace unos 20 años, pero dijo que nunca había pagado por completo las tierras que usaba, una acusación que la empresa ha rechazado.

"Nuestra comunidad no cuenta con un convenio marco, que regule las contraprestaciones por brindarles facilidad de acceso a nuestra comunidad", escribieron los líderes de Aquia a Antamina en septiembre, según una carta compartida con Reuters por Damián.

"No existe ningún beneficio a nuestro favor", agrega la carta, que dice que la empresa había perdido su "legitimidad social".

Las denuncias contra Antamina se hacen eco a las formuladas contra Las Bambas a principios de este año, donde las comunidades a lo largo de una vía usada por la mina también demandaron beneficios por su uso.

Los mineros pagan importantes impuestos a las comunidades locales en Perú, pero la mayor parte de esas contribuciones van a los pueblos más cercanos a la mina. Eso causa resentimiento en comunidades como Aquia que aún se ven impactadas por las operaciones de los yacimientos, pero que no están lo suficientemente cerca como para recibir directamente los beneficios.